Exposició la Primera República

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Primera República, 150 años después

La Diputación de Barcelona presenta en 2024 una exposición itinerante en conmemoración del 150 aniversario de la Primera República, impulsada por el programa de Memoria democrática de la Corporación (Área de Presidencia).

La Primera República (1873-1874) fue efímera y convulsa, pero fue el embrión de muchos proyectos y esperanzas que medio siglo después se acabarían materializando en la Segunda República.

El Sexenio Revolucionario

En 2023 y 2024 celebramos el 150 aniversario de la Primera República (1873-1874), que fue el colofón del Sexenio Revolucionario (1868-1874).

La revolución democrática de 1868, llamada la Gloriosa o Revolución de Septiembre, comportó el destronamiento de Isabel II y la expulsión de la dinastía de los Borbones. 

El desgaste del régimen monárquico autoritario representado por la reina Isabel II, agravado por la grave crisis económica y las malas cosechas de los años 1867-1868, comportó que sectores de la sociedad militar y política se pronunciaran en un complot revolucionario contra el régimen isabelino, que se inició en Cádiz en septiembre de 1868.

Los impulsores de la revolución triunfante, liberales y progresistas que seguían siendo monárquicos, querían que España fuera una monarquía verdaderamente democrática, parlamentaria y constitucional. El movimiento fue liderado por el Partido Progresista y la Unión Liberal, y contó con el apoyo de los republicanos, pero en Cataluña fue liderada por el Partido Republicano Democrático Federal. Barcelona vivió una auténtica revolución democrática inspirada en el deseo generalizado de transformaciones estructurales del sistema político español.

Se constituyó un gobierno provisional liderado por los generales Serrano y Prim, y se convocaron Cortes constituyentes, que en 1869 aprobaron una nueva constitución democrática, pero monárquica. En noviembre de 1870, las Cortes designaron a Amadeo I de Saboya como rey, pero poco después era asesinado su principal valedor, el general Prim.

La inestabilidad política durante el corto reinado de Amadeo (1871-1873), con seis gobiernos y tres elecciones generales, así como la grave situación social, política y económica, con dos guerras activas (la de Cuba, iniciada en 1868, y la tercera guerra carlista, que comenzó en 1872), derivó en la abdicación de Amadeo y en la proclamación de la República el 11 de febrero de 1873.

Los promotores de la Gloriosa impulsaron una serie de reformas con la voluntad de modernizar el país, algunas de las cuales fueron continuadas por la República.

La Primera República fue efímera y convulsa, pero fue el embrión de varios proyectos que medio siglo después se acabarían materializando en la Segunda República (1931).

Más información sobre el Sexenio Revolucionario

AA raíz del triunfo de la Gloriosa, los generales Francisco Serrano y Joan Prim son nombrados regente y presidente del Consejo de Ministros, respectivamente. Serrano es regente a la espera de encontrar un nuevo monarca.;

El nuevo régimen, sustentado por los progresistas (que después del asesinato de Joan Prim, se dividieron en progresistas y radicales), los liberales y los republicanos, estableció el sufragio universal masculino (mayores de 25 años).

En 1869 se convocaron elecciones a Cortes constituyentes para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional (Congreso y Senado). Una vez aprobada la nueva Constitución de 1869, de talante monárquico, tuvo lugar el proceso de selección del nuevo monarca. Entre las personas propuestas, seleccionaron a un joven de la nobleza piamontesa, Amadeo, de la casa de los Saboya. Pero el 30 de diciembre de 1870, un mes y medio después de haber sido designado rey por las Cortes, era asesinado en Madrid el general Prim, entonces presidente del Gobierno, que había sido uno de los principales valedores del nuevo monarca. El reinado de Amadeo, sin Prim, comenzó en enero de 1871 muy debilitado. Fue un monarca con poco apoyo, que apenas hablaba castellano, y a quien se consideraba un extranjero. Sus gobiernos no pudieron afrontar las divisiones y las tensiones políticas entre los diferentes partidos de la mayoría. Por otra parte, en 1868 había comenzado la guerra de los Diez Años en Cuba, y en 1872 estalló la tercera guerra carlista, alimentada por el descontento de la Iglesia a raíz de su pérdida de influencia. Por otra parte, eran frecuentes las revueltas de los republicanos federales y comenzaban las de los obreros internacionalistas, sobre todo en oposición al reclutamiento forzoso (quintas). Amadeo abdicó el 10 de febrero de 1873, después de reinar dos años y algo más.

Desde principios de la década de los años sesenta del siglo XIX, Europa estaba evolucionando de la Primera Revolución Industrial hacia la Segunda. Este periodo se caracterizó por la colonización y la explotación de nuevos territorios —principalmente en África—, la aparición de nuevas fuentes de energía, el descenso de la demanda ferroviaria, la competencia de los cereales americanos y la carencia de algodón debido a la guerra civil en EE. UU., mientras que el librecambismo era arrinconado por el proteccionismo. En España, las principales ciudades eran Madrid, con poco más de 600.000 habitantes, y Barcelona, capital de un territorio en desarrollo industrial, que no alcanzaba los 250.000 habitantes. Sin embargo, Cataluña se convertiría en el motor económico de España durante las siguientes décadas.

En la segunda mitad del siglo XIX, la cultura catalana se encontraba en una situación crítica, puesto que la mayor parte de los catalanes con una situación acomodada aceptaban que el catalán era un dialecto del castellano que subsistía solo entre las clases populares. En este periodo, la sociedad catalana evolucionó del entusiasmo generado por la guerra de África de 1860 entre el Reino de España y el Imperio marroquí a la reivindicación gradual de la propia identidad, sobre todo después del triunfo de la revolución democrática de 1868, y en el marco de la Renaixença. Sin embargo, durante el Sexenio Democrático, y concretamente durante la República, esta recuperación no se manifestó políticamente. Los republicanos en Cataluña defendían un federalismo descentralizador, un estado federal, en el marco de la nación española. La mayoría de los escritos políticos, excepto algunos periódicos, estaban en castellano. No sería hasta después de la Restauración, en los años ochenta del siglo XIX, cuando emergería el catalán y el catalanismo político.

Imágenes:
El estallido revolucionario de la Gloriosa en Barcelona, septiembre de 1868. Ciudadanos barceloneses queman retratos de los reyes borbónicos. Archivo General de la Diputación de Barcelona.
El general Joan Prim, presidente del Consejo de Ministros, moría a raíz del atentado sufrido el 27 de diciembre de 1870. Grabado publicado en La Ilustración Española y Americana el 5 de enero de 1871. Biblioteca de Cataluña.
Los líderes de la Revolución de Septiembre de 1868. De izquierda a derecha, Joan Prim i Prats, Juan Bautista Topete y Francisco Serrano y Domínguez. Dibujo de Tomàs Padró. La Madeja, 14 de marzo de 1875. Biblioteca de Cataluña.
El rey Amadeo I tuvo un reinado muy corto. En la imagen, junto a Manuel Ruiz y Zorrilla y Cristino Martos Balbi. Debajo, la nueva moneda española de 5 pesetas. Dibujo de Tomàs Padró. La Madeja, 14 de marzo de 1875. Biblioteca de Cataluña.
Juegos Florales de la Lengua Catalana de 1868. Frederic Mistral, rodeado de poetas catalanes y provenzales. Fotografía sin autoría. Archivo General de la Diputación de Barcelona.
La sociedad española era analfabeta. De cada diez ciudadanos, solo tres sabían escribir y leer, según el censo de 1860. El analfabetismo afectaba más a las mujeres. La Carcajada, 3 de octubre de 1872. Biblioteca de Cataluña.

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La proclamación de la República

La renuncia de Amadeo I cogió desprevenidos a los dirigentes políticos, empezando por los republicanos, que habían defendido conquistar la república federal de abajo a arriba. En cambio, con la repentina abdicación del monarca, la dirección del republicanismo federal defendía que España se convirtiera en una república desde arriba y por vía legal. La inmediatez fue el factor clave para su proclamación. El mismo 11 de febrero de 1873, el Congreso y el Senado se constituyeron en Asamblea Nacional, que proclamó la República, aunque los republicanos eran minoría. Una parte de los monárquicos, los demócratas radicales, al encontrarse sin candidato al trono, votaron a favor de la República como mal menor, posiblemente esperando a que la situación social, política y económica de España les permitiera restaurar más adelante la monarquía parlamentaria. La República se puso a andar en el marco de la Constitución monárquica, aunque democrática, de 1869.

La nueva República española solo fue reconocida por EE. UU. y Suiza. El resto de cancillerías europeas le hicieron el vacío.

La noticia de la proclamación de la República fue recibida en las principales poblaciones catalanas, empezando por Barcelona, con celebraciones festivas y grandes esperanzas de poder proclamar la república federal.

El primer Gobierno provisional de la República fue presidido por el abogado catalán Estanislau Figueras i de Moragas (1819-1882). Figueras, republicano federal de gran prestigio, ejerció el cargo de presidente del poder ejecutivo de la República del 12 de febrero al 11 de junio de 1873. Inicialmente, presidió un gobierno de coalición republicana-radical (febrero-abril de 1873). Tras dos intentos de golpe de estado de los radicales (una de las dos principales tendencias de los antiguos progresistas), el 24 de febrero y el 23 de abril, los radicales salieron del Gobierno y pasaron a la oposición. Los republicanos federales formaron gobierno en solitario y convocaron elecciones a Cortes constituyentes (ahora solo en el Congreso), celebradas en mayo de 1873. Los comicios, que fueron boicoteados por el resto de fuerzas políticas (que pedían la abstención), dieron una mayoría abrumadora a los republicanos, con una participación bajísima del electorado.

Más información sobre la proclamación de la República

El primer gobierno del Partido Republicano Democrático Federal (PRDF), presidido por Figueras, y del cual Francesc Pi i Margall era el hombre fuerte, tuvo que hacer frente a una situación económica extrema: un estado endeudado con una hacienda en bancarrota y la presión de los sectores populares, jornaleros y obreros, que pedían tierras y trabajo.

Políticamente, tenía enfrente, además de los monárquicos, la oposición de los radicales (al principio, desde dentro del Gobierno), profundamente antifederales; la desconfianza de los propios republicanos unitarios; la inflexibilidad de los republicanos federales intransigentes, y el enfrentamiento en la calle del obrerismo vinculado a la Primera Internacional, conocidos como internacionalistas, además de la guerra con los carlistas. El Gobierno, para normalizar la situación, disolvió en un primer momento las juntas revolucionarias provinciales y restableció los ayuntamientos republicanos revocados por los gobiernos del reinado de Amadeo. Afrontar las dos guerras declaradas, la de Cuba y la tercera guerra carlista (esta desde 1872), implicaba reformar el ejército y reclutar nuevos efectivos, cuando el programa republicano siempre había defendido sustituir al ejército por milicias voluntarias y abolir las quintas.

En Cataluña, todas las elecciones celebradas durante el Sexenio Democrático fueron ganadas ampliamente por los republicanos federales. En cambio, en el resto de España ganaban fuerzas liberales monárquicas, con los republicanos en minoría. Por lo tanto, no es de extrañar que, cuando a primera hora del día 12 de febrero llegó la noticia de la proclamación de la República a las principales poblaciones catalanas, entre ellas Barcelona, fuera recibida con grandes muestras de alegría y esperanza. 

Al recibir el comunicado oficial de su proclamación, el alcalde monárquico de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet (1833-1890), ordenó izar la bandera republicana federal, roja con un triángulo blanco, con estrellas blancas y las palabras democracia y Catalunya. Rius i Taulet, una vez realizada la proclamación de la República, dimitió. En la plaza de Sant Jaume se congregó una muchedumbre de personas para festejar la República con proclamas y cánticos. En el Palacio de la Diputación colgaron un escudo de Cataluña con la gorra frigia encima. La jornada transcurrió de forma lúdica y festiva. En la mayoría de poblaciones de Cataluña hubo el mismo tono festivo.

Imágenes:
Proclamación de la República en la Asamblea Nacional, en Madrid, el 11 de febrero de 1873. Grabado publicado en La Ilustración Española y Americana el 16 de febrero de 1873. Biblioteca de Cataluña.
La República solo cuenta, desde el comienzo, con el apoyo de EE. UU. y de la Confederación Helvética. El resto de Estados europeos le dan la espalda. Grabado publicado en La Flaca el 28 de marzo de 1873. Biblioteca de Cataluña.
La plaza de Sant Jaume de Barcelona fue escenario de diversas movilizaciones en febrero de 1873, una vez proclamada la República la mañana del día 12. Pocos días después, el 21 de febrero, se concentraron los republicanos para proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal Española y reclamar la disolución del ejército. Grabado publicado en La Ilustración Española y Americana el 8 de marzo de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Primer Consejo de Ministros de la República, presidido por Estanislau Figueras. La Flaca, 10 de junio de 1873. Biblioteca de Cataluña.

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Tendencias políticas (I)

Tendencias políticas y universo de partidos durante la República (I)

Los partidos políticos de la segunda mitad del siglo XIX eran formaciones muy débiles, inestables, mal estructuradas y poco desplegadas en el territorio. Estaban imbuidos del insurreccionalismo propio de la época. Abrazaban amplios espectros ideológicos y estaban divididos en facciones enfrentadas. No gozaban de experiencia y de cultura democrática, sino que eran partidos de cuadros y caudillistas.

Este era el universo de los partidos políticos en tiempos de la Primera República, de derecha a izquierda.

Carlistas

Son los monárquicos legitimistas y tradicionalistas partidarios de restablecer la monarquía con los descendientes del príncipe Carlos, hermano del rey Fernando VII. En origen, de tendencia absolutista y partidarios del antiguo régimen, opuestos al liberalismo y al parlamentarismo. Durante el Sexenio Democrático crearon un partido, la Comunión Tradicionalista (1869), de ideología ultracatólica. Alternaron la participación en las elecciones con su habitual estrategia insurreccional. Durante la Primera República estuvieron alzados en armas contra el Gobierno (desde 1872, ya en época del rey Amadeo), liderados por el pretendiente Carlos VII.

Conservadores

Corresponden a los monárquicos con tendencias conservadoras o liberales moderadas. El Partido Conservador (Liberal Conservador) como tal no se constituyó hasta después de la Restauración borbónica de 1875. Durante la Primera República, los conservadores constituían una amalgama heterogénea de diputados en Cortes, algunos procedentes de los moderados y de la Unión Liberal, y afines a los intereses de la oligarquía terrateniente, colonial (esclavista) e industrial, con el apoyo de la alta burguesía y de sectores aristocráticos, del ejército y la Iglesia. Inicialmente, estaban a la expectativa de cómo evolucionaría la Gloriosa, pero durante la Primera República se decantaron por la restauración de la dinastía borbónica oficial, en la persona de Alfonso, hijo de Isabel II (por eso eran conocidos como alfonsinos). El principal líder conservador durante la República fue Cánovas del Castillo.

Radicales y constitucionales

El Partido Progresista, que durante el reinado de Isabel II representaba a los liberales progresistas avanzados, y que se convirtió en el principal impulsor de la Revolución de la Gloriosa y de los primeros años del Sexenio Democrático bajo el liderazgo del general Prim, se dividió en dos tendencias después del asesinato del general, en diciembre de 1870. El ala derecha derivó en el Partido Constitucional encabezado por Sagasta. El ala izquierda constituyó en 1871 el Partido Demócrata Radical, liderado por Ruiz Zorrilla.
Ambos eran en origen partidos monárquicos, aunque antiborbónicos, y después de la abdicación del rey Amadeo aceptaron la República. Defendían el sufragio universal, los derechos y las libertades, así como la Constitución democrática de 1869. Se oponían al federalismo. El Partido Radical participó en el primer Gobierno provisional de la República junto con los republicanos federales, hasta que fueron expulsados tras organizar dos intentos de golpe de estado de signo antifederal. El Partido Radical pasó a la oposición, y rápidamente se fue desintegrando debido a las luchas internas.

Más información sobre tendencias políticas (I)

Los partidos políticos de la segunda mitad del siglo XIX no eran como los actuales. Eran formaciones muy débiles, inestables, mal estructuradas y poco desplegadas en el territorio. Todos los partidos (y no solo los carlistas o los republicanos) estaban imbuidos del insurreccionalismo propio de la dinámica política de la época. Seguían la tendencia endémica del siglo XIX español, repleto de golpes de estado y pronunciamientos militares, en los cuales estaban implicados tanto los partidos como los militares. Había militares en todas las formaciones políticas, y unos y otros alternaban la política parlamentaria con los levantamientos armados. 

Por otra parte, eran partidos con amplios espectros ideológicos. Por lo tanto, eran formaciones caracterizadas por grandes debates ideológicos contrapuestos, luchas internas, rivalidades y enemistades personales, facciones enfrentadas, escisiones continuas y una indisciplina crónica. Carentes de experiencia y de cultura democrática, eran refractarios al pacto y al pluralismo y, en consecuencia, presentaban un panorama caótico muy débil y fragmentado, entre los partidos y dentro de los propios partidos. Era habitual que practicaran el retraimiento, es decir, la no participación en las elecciones; con esto anunciaban la posibilidad de organizar una insurrección. Muchos de estos partidos contaban con clubes, sociedades, periódicos e incluso milicias armadas.

Los partidos se diferenciaban principalmente por el alcance de las reformas (más o menos liberales, o abiertamente democráticas). El binomio monarquía-república apareció más tarde. Solo los republicanos defendían la opción republicana, pero había sectores liberales y demócratas que durante la Gloriosa consideraban que lo más importante era el marco de libertades, y que las Cortes ya decidirían la forma de estado, de modo que, cuando se proclamó la República, la aceptaron como inevitable.

Durante el Sexenio Democrático, fueron numerosas las elecciones por sufragio universal (masculino), pero nunca lograron movilizar a las masas: la participación electoral era baja. 
Conozcamos un poco más el origen y los posicionamientos de los diferentes partidos políticos en tiempos de la Primera República, de derecha a izquierda.

Carlistas

El movimiento surge en 1833, cuando Fernando VII muere y su hija, Isabel I, se convierte en la sucesora en el trono, con la oposición de Carlos, hermano menor del rey. La rama borbónica de sus descendientes había reivindicado el trono a lo largo de los siglos XIX y XX, mediante numerosas insurrecciones y tres guerras carlistas (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876).

Durante el Sexenio Democrático integraron en su formación política a los neocatólicos, es decir, los integristas católicos que no consideraban prioritaria la disputa dinástica entre dos ramas de la familia Borbón.

Los principales líderes carlistas durante la Primera República fueron Alfonso Carlos, hermano de Carlos VII, y los generales catalanes Tristany, Cabrera y Savalls.

Conservadores

Los conservadores contaban con el apoyo de las ligas de propietarios y, sobre todo, de la Liga Nacional (colonial), que era el lobi negrero e indiano, con intereses en Cuba, y que pretendía mantener el esclavismo en la gran isla antillana. Eran contrarrevolucionarios, antirreformistas, reacios al sufragio universal y partidarios de restringir las libertades individuales. También eran profundamente centralistas y contrarios al federalismo.

Los conservadores eran los herederos directos de los liberales del Partido Moderado (que fue el principal partido de 1833 a 1868), liderado por el general Narváez y que no sobrevivió a la Gloriosa, y de la Unión Liberal, partido creado por el general O’Donnell en 1854 y liderado en 1868 por el general Serrano. El abogado y político malagueño Antonio Cánovas del Castillo era uno de sus principales dirigentes civiles.

La Unión Liberal, que también formó parte de los gobiernos de Isabel II (O’Donnell), se creó como opción centrista entre los moderados y los progresistas, integrando a moderados puritanos y progresistas moderados. El partido, que participó en la Revolución de la Gloriosa (1868) bajo el liderazgo del general Serrano, estaba fuera de juego durante la República. Su ala más derechista, el Círculo Conservador (Cánovas), se decantó hacia el legitimismo borbónico, después de la abdicación de la reina Isabel en su hijo Alfonso en julio de 1870 y la designación de Amadeo en noviembre del mismo año. Otra parte se había integrado en el Partido Radical, y posteriormente en el Partido Constitucional.

Radicales y constitucionales

Los radicales y los constitucionales son los herederos de los progresistas, que gobernaron en el Bienio Progresista (1854-56) y durante buena parte del Sexenio.

Los progresistas, liderados por el general reusense Joan Prim, fueron los principales impulsores de la Revolución de la Gloriosa (1868), junto con la Unión Liberal, liderada por el general Serrano, con el apoyo de los demócratas. En 1870 se crea el Partido Progresista Democrático (liderado por Práxedes Mateo Sagasta, Manuel Ruiz Zorrilla y Joan Prim), que había incorporado en 1869 a los demócratas cimbris (liderados por Nicolás María Rivero i Cristino Martos), una escisión monárquica del Partido Democrático. Con el asesinato de Prim (diciembre de 1870), el partido se agrieta: a la derecha se conforma un ala fronteriza con la Unión Liberal (Serrano); a la izquierda, un ala demócrata (Martos, Rivero), y en el centro, el grueso del radicalismo progresista con un centroderecha (Sagasta) y un centroizquierda demócrata (Ruiz Zorrilla). En 1871, la escisión se consuma en dos partidos: el Partido Progresista Constitucional o Partido Constitucional (Sagasta, Serrano), de talante conservador o moderado, y que integra a una parte de la antigua Unión Liberal, y al Partido Demócrata Radical o simplemente Partido Radical (Martos, Rivero, Ruiz Zorrilla). Los dos partidos conforman el gobierno de Amadeo I. Como monárquicos, pero profundamente antiborbónicos, fueron los principales impulsores de buscar un rey no borbónico, y eran el principal apoyo del rey Amadeo I, hasta que abdicó en febrero de 1873.

Ambos partidos defendían el sufragio universal, los derechos y las libertades y la Constitución democrática de 1869, pero se oponían al programa socializante y federalista de los demócratas y los republicanos. Defendían que las Cortes constituyentes decidieran la forma de estado, monarquía o república, pero siempre de planta unitaria. La abdicación de Amadeo los impulsó a aceptar la República, pero no el federalismo. El Partido Radical formó parte de los primeros gobiernos provisionales junto con los republicanos federales, hasta que fueron apartados después de haber intentado dos golpes de estado para conseguir el control total del Gobierno. El Partido Radical pasó a la oposición, sufrió disputas internas y no se presentó a las elecciones de 1873. En 1874, los constitucionales serían la columna vertebral de los gobiernos republicanos pero autoritarios de Serrano.

Con la Restauración, el Partido Radical se disolvió, y el Partido Constitucional dio origen al futuro Partido Liberal de la Restauración, liderado por Sagasta. El diputado y literato catalán Víctor Balaguer formaba parte del Partido Constitucional de Sagasta.

Imágenes:
Retrato del pretendiente carlista al trono de España, Carlos María de los Dolores de Borbón y de Austria-Este (1848-1909) —Carlos VII para los carlistas—. Dibujo de S. M. Tersa publicado en El Lío, n.o 7 (21), 18 de abril de 1874, págs. 2-3. Biblioteca de Cataluña.
Antonio Cánovas del Castillo, líder de los conservadores. Dibujo coloreado sobre fotografía, extraído del folleto publicado en Barcelona a principios de siglo XX, dentro de la serie «Hombres Célebres», con una breve biografía de Cánovas escrita por Augusto Riera. Fondo Familia Vinyes-Roig.

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Tendencias políticas (II)

Tendencias políticas y universo de partidos durante la República (II)

Republicanos

El Partido Republicano Democrático Federal, hegemónico durante la República (a pesar de no tener mayoría en las Cortes que la proclamaron), se había creado como tal en 1868, después del triunfo de la Gloriosa, como continuación del Partido Democrático fundado el 1849. Dentro del partido coexistían muchas tendencias, lo que agravó la inestabilidad política de la República.

Inicialmente, los federales eran el núcleo mayoritario (divididos entre benévolos, o posibilistas, e intransigentes), pero la impotencia de los primeros gobiernos de la República, liderados por Figueras y Pi i Margall, ante los embates de los carlistas y del cantonalismo —espoleado por los propios intransigentes— hizo decantar al Gobierno progresivamente hacia los republicanos más moderados, encabezados por el filósofo Nicolás Salmerón, y los más conservadores y explícitamente nacionalistas españoles, dirigidos por Emilio Castelar. Estos preferían posponer la federación y adoptar poderes extraordinarios desde el Gobierno para hacer frente a los levantamientos carlistas y cantonales, limitando los derechos individuales. Los intransigentes, en cambio, querían proclamar el federalismo desde abajo, a partir de movilizaciones en la calle.

Los republicanos tenían un programa político claramente democrático: sufragio universal (masculino), libertades individuales (prensa, reunión y asociación; culto; libre comercio, y propiedad privada) y profundas reformas sociales, así como del ejército. Su programa federal implicaba la creación del Estado a partir de la federación de las provincias, de abajo a arriba. El principal dirigente del partido fue Francesc Pi i Margall.

Obreristas (internacionalistas)

En 1870, varias sociedades obreras y campesinas fundan la Federación Regional Española (FRE) de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT), o simplemente, la Primera Internacional. El ala bakuninista o antiautoritaria —enfrentada a la marxista— fue la que impulsó la organización de la FRE de la AIT, que inicialmente estaba muy vinculada a los republicanos federales. Los internacionalistas bakuninistas eran profundamente insurreccionales, y en eso coincidían con los republicanos intransigentes. Pero, a pesar de que la AIT preconizaba la abstención política, muchos internacionalistas votaban a los republicanos. Los internacionalistas eran partidarios del colectivismo y estaban en contra de la propiedad privada; en esto discrepaban de los republicanos, más proclives al individualismo y al cooperativismo, a los que identificaban como burgueses. Durante la República, protagonizaron huelgas e insurrecciones (el episodio más relevante fueron los hechos de Alcoy o revolución del petróleo de julio de 1873) y participaron en las revueltas cantonalistas.

Más información sobre tendencias políticas (II)

Demócratas y republicanos

El Partido Democrático, fundado en 1849 como una escisión del Partido Progresista, se convirtió en 1868 en el Partido Republicano Democrático Federal (PRDF).

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XIX, los demócratas colaboraron estrechamente con los progresistas, sobre todo con los progresistas avanzados, más a la izquierda, con una alianza táctica, formando incluso coaliciones electorales.

Desde el principio, el Partido Democrático era un grupo heterogéneo donde convivían diferentes tendencias: había monárquicos (antidinásticos y antiisabelinos) y había republicanos. Los republicanos estaban divididos entre unitarios (sobre todo krausistas, como Salmerón) y federales. Y los federales estaban divididos entre benévolos (más gradualistas y pactistas; Castelar) e intransigentes (querían implantar el federalismo de manera inmediata y por la fuerza; general Contreras u Orense). En cuanto al eje derecha-izquierda, en el partido había desde demoliberales o conservadores (Castelar) hasta filosocialistas (proudhonianos o cabetianos; Pi i Margall). Los primeros, individualistas, defendían la propiedad y medidas de orden; los segundos, más intervencionistas, tenían afinidades con los sectores obreristas (internacionalistas), sobre todo los que se autodenominaban intransigentes.

A partir de 1868, el PRDF se declaró unánimemente republicano y oficialmente federalista.
Los demócratas monárquicos, a finales de 1868, cuando el partido ya se había declarado republicano, dejaron la formación. Eran los llamados cimbris (liderados por Martos y Rivero), partidarios de una monarquía popular, parlamentaria y democrática. Posteriormente, participarían en la fundación del Partido Demócrata Radical (1871).

El PRDF, de origen y tradición insurreccional (como todos los demás partidos), adoptó a partir de 1870 una vía legalista y se dotó de una estructura más orgánica, con comités provinciales. Además, contaba con una red de periódicos, sociedades y escuelas, así como milicias republicanas (voluntarios por la libertad) en todo el territorio.

La proclamación de la República por las Cortes (con mayoría monárquica) en 1873, más por falta de candidatos a monarca (era casi unánime la oposición a los Borbones) que por convicciones republicanas, cogió desprevenidos a los republicanos. Aunque habían adoptado una estrategia legalista y parlamentaria en 1870, su alma insurreccional pesaba mucho. Habían defendido la implantación de la república federal de abajo arriba y ahora la proclamaban desde arriba, lo que hizo rectificar a Pi i Margall desde el Gobierno, al adoptar una política gradualista desde arriba, que fue boicoteada por los intransigentes.

Durante la República, el partido estaba profundamente dividido entre un centro federalista y reformista (Pi i Margall); un ala derecha, moderada o demoliberal, que reivindicaba un gobierno central fuerte, poco intervencionista en el ámbito económico y partidaria de la mano dura contra los intransigentes y obreristas, y que pretendía posponer el federalismo (Salmerón y Castelar); y los intransigentes, que pretendían implantar el federalismo desde abajo con movilizaciones y levantamientos, mantener a las milicias y aplicar reformas sociales más avanzadas (Orense, Roque Barcia y Almirall).

Los demorrepublicanos defendían la república federal, el sufragio universal (masculino) y las libertades individuales (de prensa, reunión y asociación; culto; de enseñanza; de libre comercio, y de propiedad privada). Tradicionalmente anticlericales, perseguían la separación entre Iglesia y Estado. Su modelo era la pequeña propiedad individual: una sociedad de ciudadanos propietarios, paradigma de productividad. Por eso, defendían la redistribución de tierras, el cooperativismo y profundas reformas sociales, que se fundamentaban en: la reducción de la jornada de trabajo y la limitación del trabajo infantil; la abolición de la esclavitud, vigente en las Antillas españolas, así como de la pena de muerte; la profesionalización y despolitización del ejército y la abolición de las quintas forzosas; la eliminación de determinados impuestos como los consumos y la implantación de una fiscalidad progresiva; la reforma tanto de la justicia como de las prisiones; la introducción del jurado y del matrimonio civil, y la creación de un sistema de instrucción pública.
Su modelo federal era fundamentalmente práctico, descentralizador, asambleario y participativo, y lo entendían como una forma de hacer política. Eran principalmente localistas (defendían sobre todo la autonomía municipal). Para impedir la opresión de las estructuras del Estado y del ejército, querían construir la república federal de abajo arriba, a partir del individuo, la familia, el municipio y la provincia, y hacerlo mediante el pacto, de modo que las provincias se federarían libremente para constituir el Estado. Este Estado sería descentralizado, con pocas competencias en manos del Gobierno central, y estaría constituido por provincias, cantones o regiones. También había federalistas regionales, partidarios de las regiones históricas.

Los principales líderes de los demócratas fueron Rivero (máximo dirigente en 1849), Orense (líder histórico) y Martos, mientras que entre los republicanos federales destacaron Figueras, Pi i Margall (hombre fuerte a partir de 1870), Salmerón y Castelar. En Cataluña, hubo dirigentes republicanos como Abdó Terrades, Monturiol, Joarizti, Sunyer i Capdevila, Lostau, Cerdà y Almirall. Este fue el principal dirigente del federalismo intransigente catalán.

El republicanismo explícitamente partidario de establecer una república centralista estaba encabezado por el periodista y político Eugenio García Ruiz y era una opción muy minoritaria. El general Pavía presionó para que este fuera el ministro de Gobernación del primer Gobierno de la República autoritaria encabezada por el general Serrano.

La implantación más importante del republicanismo se dio en Cataluña y en Andalucía.

Obreristas (internacionalistas)

Dentro de la AIT existía una pugna entre uno de sus impulsores, Karl Marx, que sus rivales identificaban como partidario del socialismo autoritario, y sus rivales, que se autodenominaban socialistas antiautoritarios, encabezados por Bakunin y que los marxistas identificaban como anarquistas, quienes fueron los que impulsaron la organización de la FRE de la AIT, que inicialmente estaba muy vinculada al PRDF, puesto que los primeros internacionales provenían de las filas de los republicanos. La Internacional española pronto derivó hacia el sindicalismo, el apoliticismo y la resistencia solidaria, influidos por Fanelli y Bakunin, y por la Comuna de París. A finales de 1872, la FRE ya había celebrado tres congresos y contaba con 29.000 afiliados, y en 1873 ya eran 50.000. El 40 % de las uniones nacionales de oficios y de las federaciones locales eran de Cataluña. También eran fuertes en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. Al lado de los internacionales, sin embargo, convivían otras sociedades de resistencia locales y de oficio, que era como eran identificados los sindicatos no internacionalistas en el siglo XIX.

La división entre bakuninistas y marxistas empezó cuando llegó Lafargue, el yerno de Marx, a España en diciembre de 1871. En 1872, los internacionalistas se dividieron en dos alas: el ala aliancista o bakuninista, y el ala marxista (también calificadas de antiautoritarios y autoritarios). En enero de 1873 se escenifica una escisión, con dos direcciones federales, una aliancista en Alcoy y una marxista en Valencia. Cuando se proclamó la República, los primeros no colaboraron con ella (porque era burguesa) y los segundos la apoyaron. Los marxistas se debatían entre crear un nuevo partido de clase o participar en el republicanismo. Muchas sociedades obreras optaron por el sindicalismo apolítico y moderado y el legalismo y dejaron de lado el insurreccionalismo, sobre todo en Cataluña, y se decantaron por priorizar la lucha contra los carlistas y participar en las elecciones con los republicanos. El bakuninismo no volvería a ser hegemónico en la AIT hasta al cabo de unas décadas. La AIT, que ya había sido prohibida en 1872, volvió a ser ilegalizada en enero de 1874, cuando accedió a la presidencia de la República autoritaria el general Serrano.

Sus principales dirigentes fueron Anselmo Lorenzo y Francisco Tomás.

Imágenes:
Candidatura Republicana-Federal en Barcelona, en las elecciones del 11 de mayo de 1873. Grabado publicado en La Campana de Gràcia el 11 de mayo de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Los principales dirigentes políticos en los distintos periodos del Sexenio Democrático. La primera viñeta corresponde a la Gloriosa y al Gobierno provisional (1868-1870); la segunda, a la monarquía de Amadeo I (1870-1873); la tercera, a la República democrática (1873), y la cuarta, al periodo republicano autoritario (1874). La suma de los cuatro III da XII, es decir, Alfonso XII, monarca que acabaría gobernando el reino de España en 1875. Dibujo publicado en La Madeja el 30 de enero de 1875, págs. 2-3. Biblioteca de Cataluña.
 

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La tercera Guerra Carlista en Cataluña

La República sufre una coyuntura bélica y de inestabilidad que no permite controlar todos los territorios de España. Tuvo que hacer frente a la guerra de Cuba, iniciada en 1868, a la tercera guerra carlista, desde 1872, y, a partir de julio de 1873, a las insurrecciones cantonales.

Ante la designación de Amadeo I como rey de España, los partidarios de la dinastía carlista, liderados por el pretendiente conocido por sus partidarios como Carlos VII, promovieron un nuevo embate contra el vigente régimen monárquico. El 21 de abril de 1872 se iniciaba la tercera guerra carlista a los gritos de «¡Abajo el extranjero!» y «¡Viva España!», con levantamientos en el País Vasco, Navarra y Cataluña, así como con pequeños focos en la Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía. Sin embargo, en Cataluña el levantamiento carlista se había iniciado días antes, el 7 y 8 de abril de 1872.

En Cataluña, la guerra tuvo un protagonismo especial, dado que buena parte del territorio catalán estaba en manos de los carlistas. La guerra civil contraponía el anticlericalismo predominante en buena parte de la población urbana frente a los partidarios de una interpretación integrista del catolicismo. Por otra parte, los carlistas reivindicaban también los antiguos fueros, y en Cataluña, revertir el Decreto de Nueva Planta de 1716. Los carlistas llegarían a ocupar ciudades como Berga, Vic, Olot y la Seu d’Urgell, y llevaron a cabo razias y saqueos en poblaciones cercanas a Barcelona como Igualada, Manresa, Granollers, Sabadell, Castellterçol, Molins de Rei y Mataró, entre otras. Este hecho contribuyó a moderar los intentos de proclamación del estado federal en Barcelona ante la absoluta prioridad de hacer frente a los carlistas.

En la primavera de 1873, la guerra retomaba su curso con bastante intensidad. Dentro del bando carlista destacó el general Francesc Savalls i Massot (1817-1885), con importantes victorias. En el bando liberal, el general Josep Cabrinetty i de Cladera (1822-1873), que gozaba de una gran popularidad en Cataluña, murió en la batalla de Alpens el 12 de junio de 1873.

El 3 de abril de 1873 se organizó en Barcelona una manifestación en la que se pedía a la Diputación de Barcelona, en nombre del pueblo, una movilización general que pusiera fin a la guerra carlista.

Las columnas de voluntarios republicanos federales catalanes, armadas por las diputaciones, combatieron a los carlistas en una durísima guerra civil.

La guerra carlista finalizó, en España, en febrero de 1876, y en Cataluña, en verano de 1875, ya en pleno reinado de Alfonso XII. Habían sido tres años de guerra civil en Cataluña.

Más información sobre la tercera Guerra Carlista en Cataluña

El conflicto carlista se arrastraba desde la década de los años treinta del siglo XIX, al convertirse en reina Isabel II, hija del rey Fernando VII, que antes de morir (1833) abolió la ley sálica y designó a su hija heredera del reino, en vez de su hermano Carlos. Sus partidarios, los carlistas, pregonaban el viejo orden basado en la defensa del integrismo católico y en la recuperación de las tradiciones y los fueros perdidos, y en Cataluña, las constituciones abolidas por el Decreto de Nueva Planta de 1716. La guerra visualizó a dos bandos: por un lado, los carlistas, partidarios del tradicionalismo y el absolutismo, y por el otro, los liberales, defensores del régimen parlamentario constitucional. El pretendiente carlista era conocido por sus partidarios como Carlos VII, y era nieto del primer pretendiente carlista.

Los carlistas habían recogido adhesiones de gobiernos conservadores europeos, reacios con la monarquía liberal de Amadeo. La capital provisional de los carlistas fue Estella, donde se organizó toda una estructura ministerial y administrativa, así como de servicios, como los correos, la justicia, la educación y la universidad. También se fundaron fábricas. Incluso se estableció un código penal.

El pretendiente al trono designó a su hermano Alfonso Carlos comandante general de Cataluña. Alfonso Carlos no ejerció el cargo hasta cruzar la frontera hispanofrancesa a finales de 1872. Hasta entonces, el general Rafael Tristany había ejercido el cargo de forma provisional. Al principio, los carlistas actuaron por medio de partidas independientes, pero con la llegada de Alfonso Carlos la estrategia militar se unificó en un único comando.

La Diputación de Barcelona liderará los esfuerzos de guerra contra los carlistas, interviniendo en el mando del ejército (del que desconfiaba) y creando milicias voluntarias y remuneradas. Según el historiador Borja de Riquer, «las repercusiones de la guerra en el funcionamiento de la Diputación [de Barcelona] serán considerables. La mayoría de pueblos no podrán hacer frente al pago de sus contribuciones, muchas obras de carreteras y caminos se paralizarán y, además, la corporación provincial deberá contribuir económicamente al sostenimiento del ejército y a la mejor defensa de villas y ciudades» (La Diputación revolucionaria 1868-1874, 2003, pág. 57).

Dentro del bando carlista destacó el general Francesc Savalls i Massot (1817-1885), que obtuvo victorias importantes y fue el jefe de las tropas carlistas en las comarcas gerundenses. En el bando liberal, el general Josep Cabrinetty i de Cladera (1822-1873), que fue el héroe de la liberación de Puigcerdà del sitio de los carlistas (1872), murió de un disparo en la nuca al entrar en la plaza Mayor de Alpens el 12 de junio de 1873. Cabrinetty gozaba de una gran popularidad entre los republicanos y su muerte conmocionó a Cataluña.

Imágenes:
Principales mandos militares carlistas en Cataluña. Ilustración publicada en La Flaca el 6 de febrero de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Alegoría a la guerra civil que se vivía en Cataluña durante la República. Dibujo de Tomàs Padró. Ilustración publicada en La Flaca el 24 de abril de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Carlos, el pretendiente al trono, con los oficiales del estado mayor del ejército carlista. Fotografía de autoría desconocida. Archivo General de la Diputación de Barcelona.
Convocatoria de la manifestación de republicanos demócratas y federales, en Barcelona, el 3 de abril de 1873, pidiendo a la Diputación de Barcelona la movilización general y la creación de columnas de voluntarios para ir a luchar contra el ejército carlista. Archivo General de la Diputación de Barcelona.
Voluntarios republicanos llamados por una joven República a luchar contra el ejército carlista. Ilustración publicada en La Flaca el 31 de mayo de 1873. Biblioteca de Cataluña.
La República reclama el cumplimiento del deber frente a la guerra civil y la guerra de Cuba. Ilustración publicada en La Flaca el 3 de abril de 1873. Biblioteca de Cataluña.
José Cabrinetty i de Cladera, destacada figura del ejército liberal. Fue el libertador de Puigcerdà después del sitio carlista, el 10 y el 11 de abril de 1873. Murió en la batalla de Alpens contra los carlistas el 12 de junio de 1873. La Flaca, 31 de julio de 1873. Biblioteca de Cataluña.

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La presidencia de Figueras

La presidencia de Figueras. Los intentos de proclamación del Estado catalán federal

La recién nacida República aún no había definido la forma de estado. Dentro del republicanismo existían dos grandes bandos: los que defendían una república federal y los que la defendían unitaria. Estos últimos recibían el apoyo, como mal menor, de los monárquicos y de los radicales, aún mayoritarios en la Asamblea Nacional. Una vez elegidas en mayo de 1873, las nuevas Cortes constituyentes, de mayoría republicana y federal, proclamaron la República federal el 8 de junio. Su materialización dependía de la nueva constitución republicana, que la cámara empezó a elaborar, sin llegar a aprobarse nunca.

Cuando llegó a Cataluña la noticia de la proclamación de la República, los federalistas impulsaron la proclamación del Estado catalán (inicialmente en Barcelona) para garantizar que desde un primer momento la República fuera federal. Los intentos fueron numerosos y fueron impulsados desde la Diputación Provincial de Barcelona. Pero entre los republicanos catalanes existía un importante sector que propugnaba, primero, estabilizar al nuevo gobierno y hacer frente a la amenaza carlista.

En consecuencia, la Diputación de Barcelona acordó, en los meses de febrero y marzo, el control del ejército e incluso su disolución (que se aprobó, pero no se materializó) y su sustitución por un cuerpo de milicias voluntarias (los Guías de la Diputación) al servicio de la República. La Diputación, durante todo el periodo, armó y organizó varios batallones de voluntarios contra las columnas carlistas.

Ante la situación creada en Barcelona, Figueras se desplazó a la capital catalana para detener la propuesta de proclamar el Estado catalán y resolver el divorcio entre el ejército y la Diputación. El 12 de marzo, Figueras presidió una sesión extraordinaria de la Diputación de Barcelona en la que participaron delegaciones de las restantes diputaciones provinciales catalanas y de Baleares, que no eran partidarias de la disolución del ejército mientras durara la guerra contra los carlistas. Los diputados, temerosos de la caída de Figueras y de la República, congelaron la proclamación del Estado catalán y dieron confianza al Gobierno central.

El 11 de junio, ante la inestabilidad política, Estanislau Figueras dejó su dimisión por escrito en su despacho y se fue a París. Figueras habría dicho al Gobierno, en catalán: «Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros». Finalmente, la dimisión/huida de Figueras implicó que el también catalán Francesc Pi i Margall se convirtiera en el segundo presidente de la República.

Más información sobre la presidencia de Figueras

Barcelona era la capital del republicanismo democrático federal. En Cataluña tenían mucha fuerza los republicanos federales intransigentes, que querían proclamar el Estado federal catalán de forma inmediata. Entre sus impulsores sobresalió Valentí Almirall i Llozer (1841-1904) y la sociedad que él presidía, el Club de los Federalistas. Almirall, entonces, era el director de la Casa de la Caridad, vinculada a la Diputación de Barcelona. Los intransigentes consideraban que el Gobierno republicano de Madrid era centralista, y querían acelerar la abolición de las quintas y la reconversión del ejército en milicias voluntarias, así como la abolición tanto de la esclavitud como del impuesto de los consumos, además de llevar a cabo profundas reformas económicas y laborales.

La transformación de España en una federación debía llevarse a cabo, según Almirall y los federales intransigentes, mediante una revolución llevada a cabo desde abajo, es decir, por iniciativa de las clases populares de los territorios. Los federales se reflejaban en el modelo de Suiza o de EE. UU.; así, España sería una nación, pero formada por estados, como el catalán. No se trataba de una propuesta separatista, sino de un proyecto organizativo descentralizador que otorgaba la mayor parte de las competencias a las provincias, cuyo conjunto constituiría el Estado. Pensaban Creían que de esta manera evitarían las arbitrariedades del Gobierno central.

No es de extrañar, por lo tanto, que en Barcelona fueran frecuentes los intentos de proclamar el Estado federal catalán o barcelonés. Los intentos fueron numerosos (12 de febrero, 21 de febrero, 2 de marzo, 5-9 de marzo, 23 de abril, julio...). La mayoría fueron impulsados desde la Diputación Provincial de Barcelona, a cargo de una mayoría de diputados republicanos federales intransigentes, y a veces, a raíz de manifestaciones populares. Baldomer Lostau i Prats (1846-1896) fue uno de los principales impulsores de dichos intentos y, a la vez, uno de los que prefirieron finalmente posponerlos hasta estabilizar el frente carlista. Efectivamente, la proximidad del frente carlista y la necesidad de consolidar la República aconsejaron a los diputados de posponer el Estado federal para centrarse en la lucha contra los carlistas. Los carlistas ya dominaban buena parte de Cataluña y se acercaban a Barcelona. Por otra parte, el resto de diputaciones catalanas, dominadas por republicanos benévolos, no eran partidarios de la proclamación del Estado federal.

La situación de guerra civil y la desorganización del ejército en Cataluña conllevaron que la Diputación de Barcelona priorizara mantener la movilización armada contra los carlistas. Los esfuerzos de la Diputación se destinaron principalmente a montar y armar, en marzo, las milicias que creó (los Guías de la Diputación), lideradas por Lostau, para hacer frente a los carlistas. En julio se creó, para centralizar la respuesta anticarlista, una Junta de Salvación y Defensa, que tendría poco recorrido.

Un mes después de la renuncia de los diputados provinciales a proclamar el Estado federal por la visita de Figueras, el 23 de abril se produce en Madrid el intento de un nuevo golpe a la fuerza de los radicales contra el gobierno federal. Entonces, los federales intransigentes catalanes, ante la posibilidad de su triunfo, reanudaron la propuesta de proclamar el Estado catalán desde la Diputación barcelonesa. Al fracasar el pronunciamiento de los radicales, la medida no se concretó.

Las elecciones a Cortes constituyentes celebradas en mayo volvieron a dar en Cataluña un triunfo incontestable de los republicanos federales. Por primera vez, en España también. Estos comicios tuvieron una baja participación en toda España. En Cataluña solo votaron el 25 % de los electores masculinos mayores de 21 años. Los monárquicos y los republicanos unitarios practicaron el retraimiento (no se presentaron) y las incipientes sociedades obreras promovieron la abstención. Solo los republicanos federales, divididos entre los partidarios del Gobierno y los intransigentes, tomaron parte en dichos comicios.

El presidente de la Diputación de Barcelona, Benet Arabio i Torres, fue elegido diputado en el Congreso. Al frente de la Diputación lo sustituyó el ingeniero Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-1876), un republicano federal del sector moderado, muy bien considerado entre los diferentes sectores republicanos.

Durante la República, de febrero a diciembre de 1873, los republicanos federales catalanes tuvieron un peso muy importante en el Gobierno de Madrid: dos presidentes (Figueras y Pi i Margall) y cinco ministros (Pi i Margall, Soler i Pla, Tutau, Nouvilas, y Sunyer i Capdevila).

Imágenes:
República unitaria o República federal. Los republicanos catalanes fueron favorables al federalismo como instrumento para articular la joven República. Ilustración de Tomàs Padró publicada en La Flaca el 1 de mayo de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Sello del Comité Provincial Republicano Democrático Federal de Barcelona. Archivo General de la Diputación de Barcelona.
Ilustración en la que se muestran a las masas a favor de la República federal. Es una de las primeras representaciones gráficas de una bandera tricolor, que nunca fue la oficial de la Primera República Española (continuó siendo la rojigualda). La Flaca, 2 de julio de 1873. Biblioteca de Cataluña. En Barcelona, tenemos constancia de que se enarboló una bandera tricolor con los colores azul, blanco y rojo.
Insignia de los diputados de la Diputación republicana de Barcelona, realizada en 1873 por el artista Francesc Soler i Rovirosa. Archivo General de la Diputación de Barcelona.
Las tres premisas de la presidencia de Estanislau Figueras: orden, libertad y justicia. La Flaca, 20 de marzo de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Cabecera de El Estado Catalán, periódico fundado por Valentí Almirall. Sábado, 8 de marzo de 1873 Hemeroteca Digital de Madrid.
Alegoría a la República Democrática Federal. Grabado publicado en La Campana de Gràcia el 2 de marzo de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Bandera federal custodiada en el Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (n.o inv. 11469). Presenta los colores azul, blanco y rojo. Foto: Jordi Puig (MUHBA).

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Los gobiernos de Pi i Margall y Salmerón

Los gobiernos de Pi i Margall y Salmerón. La insurrección cantonal

Francesc Pi i Margall (1824-1901) fue el segundo presidente de la República y su mandato duró un mes y pico, del 11 de junio al 18 de julio de 1873. De hecho, Pi i Margall ya había sido, como ministro de Gobernación, el principal activo de la presidencia de Figueras. Ahora, con unas Cortes ya favorables, impulsó la nueva Constitución federal y aceleró su plan de reformas, sin éxito. Su objetivo era construir el Estado federal desde arriba, sin altercados, pero tenía a los republicanos federales intransigentes en contra.

Finalmente, Pi i Margall pierde la dirección del Gobierno por no poder controlar las movilizaciones obreras dirigidas por los internacionalistas, algunas violentas, como los hechos de Alcoy (revolución del petróleo, del 8 al 12 de julio), ni tampoco los embates de los intransigentes y del movimiento cantonal que estalla el 12 de julio. Pi i Margall no quería emplear mano dura contra los cantones rebeldes.

Los cantones eran la concreción de la voluntad de los intransigentes de transformar España en una federación desde abajo, es decir, por la iniciativa de los territorios que debían formarla. El 12 de julio, la ciudad de Cartagena se proclamaba cantón federal, con el apoyo militar y de la armada, estacionada en el puerto. El movimiento cantonalista se extendió a Murcia y a varias ciudades valencianas y andaluzas, así como brevemente a algunas poblaciones castellanas. En cambio, los republicanos catalanes no se añadieron a este movimiento, puesto que priorizaron la guerra civil contra los carlistas, que controlaban buena parte de Cataluña. El movimiento fue sofocado por el ejército y, en septiembre, solo resistía Cartagena, que aguantó un durísimo sitio hasta que capituló el 14 de enero de 1874.

Las guerras civiles con carlistas y cantonalistas volvieron a dar relevancia a los militares. El ejército adquiría más protagonismo, mientras que la división del país crecía y el apoyo a la República democrática mermaba.

El 18 de julio de 1873, Nicolás Salmerón y Alonso (1838-1908) sustituyó a Pi i Margall como presidente y jefe de gobierno de la República. Salmerón era un republicano de talante centralista vinculado a la corriente filosófica del krausismo. Durante su etapa al frente del Gobierno, pospuso las reformas propuestas por su antecesor y priorizó recuperar el orden. Su prioridad fue sofocar militarmente los cantones sublevados, además de continuar la guerra contra los carlistas.

En agosto de 1873, el Gobierno había abolido la pena de muerte, pero poco después, para restablecer el orden en el ejército, la Asamblea constituyente la reintrodujo. Como el presidente Salmerón era contrario a ella, el 7 de septiembre dimitió como jefe de la República al negarse a firmar unas sentencias de muerte.

Más información sobre los gobiernos de Pi i Margall y Salmerón

Entre las propuestas del nuevo gobierno de Pi i Margall sobresalía el proyecto reformista del Estado, bajo la mirada federal y con cambios en las colonias, a la vez que quería finalizar la guerra carlista. En su agenda también estaba la enseñanza obligatoria y gratuita, la abolición definitiva de la esclavitud en Cuba, la mejora de las condiciones laborales, sobre todo de las mujeres y de los niños, y que la Iglesia católica dejara de ser la religión oficial. Unas reformas que no tuvieron éxito.

Por otra parte, la nueva Constitución republicana, uno de los otros hitos de los republicanos federales, no acabaría aprobándose. Esta Constitución dibujaba un Estado federal con 16 estados federados. Sin embargo, el proyecto republicano federal propuesto por Pi i Margall y redactado por Castelar se había concebido desde arriba, es decir, había sido desarrollado por la Asamblea Constituyente, y no desde abajo, por iniciativa de los territorios que formarían la federación. Esto contradecía el pensamiento republicano federal y la propia teoría federal formulada anteriormente por el ahora dirigente político Pi i Margall, y que los republicanos federales intransigentes todavía defendían.

El 12 de julio, la ciudad de Cartagena, entonces la novena población española en número de habitantes y con una de las principales bases de la armada española, se proclamó cantón federal, bajo el liderazgo del diputado federal Antonio Gálvez y Arce (1819-1898) y el general Juan Contreras y San Román (1807-1881). El movimiento contaba con el apoyo de sociedades obreras vinculadas a los republicanos y a los internacionalistas, como también de buena parte del ejército y de la armada. En este sentido, el cantón controlaba la base naval más importante de la flota de guerra española. La proclama tuvo un efecto dominó y el movimiento se extendió a otras ciudades valencianas, andaluzas y castellanas, con diferentes intensidades. Las dos únicas ciudades que los cantonalistas pudieron controlar inicialmente fueron Valencia y, especialmente, Cartagena, que fue el primer cantón declarado, y también el último en caer, el 14 de enero de 1874, después de un bombardeo durísimo por parte del ejército y de una contundente represión posterior. Cartagena también fue el único cantón que tuvo apoyo de una parte del ejército.

El conflicto bélico con los carlistas en Cataluña era la prioridad absoluta de las autoridades catalanas, y tal vez por eso no se añadieron al movimiento cantonalista. El territorio ocupado por los carlistas no se limitaba a las zonas rurales, sino que llegaron incluso al llano de Barcelona. Ante este hecho, la Diputación barcelonesa dividió la provincia en diez territorios, con la misión de defenderse del enemigo, y creó guardias cívicas para colaborar con los batallones o guías de la Diputación de Barcelona y el ejército de la República.

Salmerón, durante su etapa al frente del Gobierno, pospuso las reformas propuestas por su antecesor, así como la elaboración de la Constitución, y priorizó empoderar al ejército y recuperar el orden. Promovió la ley de contribución forzosa, con el objetivo de hacer frente a los estragos de las guerras civiles en curso, e impulsó el proyecto de reclutamiento militar forzoso, lo que suponía volver a las quintas tan combatidas por los republicanos. También posibilitó que las provincias afectadas directamente por la guerra pudieran establecer una contribución extraordinaria, lo que agravó aún más las economías locales.

Imágenes:
Francesc Pi i Margall, imposibilitado de hacer frente a los múltiples problemas que sufría la República, dimitió del cargo de presidente el 18 de julio de 1873. Personajes: 1. Emilio Castelar. 2. Francesc Pi i Margall. 3. Juan Contreras. Ilustración publicada en La Flaca el 9 de julio de 1873. Biblioteca de Cataluña.
La proclama cantonal de Cartagena tuvo un efecto dominó en varias ciudades españolas. Personajes: 1. Santiago Soler i Pla, ministro de Ultramar. 2. Emilio Castelar. 3. Nicolás Salmerón. 4. Juan Contreras. Abajo, los intransigentes. En medio, los «petroleros» (incendiarios); a la izquierda, la República llora; a la derecha, los independentistas cubanos. Ilustración publicada en La Flaca el 6 de agosto de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Ilustración que hace burla del hecho cantonal como si fuera un espectáculo teatral. Personajes: 1. Roque Barcia, republicano intransigente y cantonalista. 2. Francesc Pi i Margall. 3. El general Juan Contreras. La Flaca, 14 de agosto de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Nicolás Salmerón mira atónico el estado del país. Dimitió el 7 de septiembre de 1873; aún no llevaba dos meses ocupando el cargo. Personajes: 1. Emilio Castelar. 2. Nicolás Salmerón. 3. Roque Barcia. 4. El general Juan Contreras. Ilustración publicada en La Flaca el 28 de agosto de 1873. Biblioteca de Cataluña.

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La presidencia de Castelar

La presidencia de Castelar y el fin de la República democrática

El presidente Salmerón fue sustituido por Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), a propuesta del propio Salmerón, el 18 de septiembre de 1873.

Castelar era un republicano de talante conservador y centralista que siguió la política de su antecesor, reforzando la deriva autoritaria del Gobierno con la consecución de plenos poderes, con la excusa de las revueltas cantonalistas. Puso en marcha toda una serie de reformas para concentrar aún más el poder en el Gobierno central. Por ejemplo, recuperó la estructura orgánica y las ordenanzas del ejército anterior a la República e impulsó nuevos reclutamientos forzosos a fin de hacer frente a las guerras carlista y cubana. Paralelamente, disolvió las milicias republicanas de voluntarios. Muchas corporaciones locales también fueron disueltas y los federales fueron sustituidos por monárquicos, radicales y republicanos unitarios. También se incrementó el control de la prensa. Por otra parte, las relaciones entre obreros y patrones empeoraron. El 20 de septiembre de 1873, el Gobierno decretó la suspensión de la Asamblea y de las garantías constitucionales. Castelar gobernó con poderes especiales y por decreto, hasta el 2 de enero, cuando las Cortes fueron restablecidas.

En Barcelona, el 7 de septiembre, el nuevo gobernador civil general, Alejo Cañas, disolvió la Diputación Provincial y sustituyó a los diputados republicanos federales por una corporación interina formada mayoritariamente por monárquicos.

El 3 de enero de 1874, el general Manuel Pavía encabezó un golpe de estado y disolvió las Cortes republicanas, que se habían reunido para debatir una moción de censura en Castelar, que perdió. El general Pavía, que era republicano, pretendía un gobierno de concentración dejando fuera tanto a los carlistas como al ala izquierda y federal de los republicanos. Tanto él como el general Francisco Serrano vetaron la propuesta de Cánovas del Castillo de restaurar como rey Alfonso de Borbón, exiliado en París. El mismo día 3, Serrano formó un gobierno provisional, dando lugar a un nuevo régimen dictatorial republicano, con mayoría de ministros monárquicos. El cambio fue recibido con indiferencia en las calles, a la vez que las manifestaciones y los disturbios en contra del golpe fueron escasos y fácilmente reprimidos.

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En Cataluña, el golpe del general Pavía tuvo escasa respuesta. Únicamente algunas barricadas en Sants, Sarrià, Gràcia y el Raval de Barcelona, así como en ciudades como Mataró y Tarragona, que el general Martínez Campos reprimió con facilidad. En Sarrià, el guerrillero y coronel republicano Joan Martí, El Xic de les Barraquetes, aguantó hasta el 12 de enero. Se produjeron bastantes detenciones y se clausuraron periódicos y sociedades federales. Ya desde julio, fuera por cansancio o porque la lucha contra los carlistas absorbía todas las energías, las movilizaciones federales en Cataluña habían mermado. Los cambios antifederales en Madrid, con las presidencias de Salmerón y Castelar, tampoco habían generado oposición en las calles de Cataluña.

Antoni Feliu i Codina (1846-1917), un republicano contemporáneo, en sus memorias, publicadas en el periódico federal El Diluvio en 1917, reproducía el célebre aforismo de Albert Llanas, donde se mencionaba la desdicha de la República con estas palabras:

«Durante el transcurso de la vida todos tenemos abierta la mano, donde en la palma se nos coloca el futuro, nuestra suerte, y todo el talento del hombre consiste en cerrar la mano a tiempo, ya que, si se deja escapar la ocasión, ¡adiós, futuro, y adiós, suerte! Lo que decía Llanas a propósito de cualquier individuo, puede y debe decirse y aplicar cuando se trata de pueblos. El 29 de septiembre de 1868 el pueblo español tuvo la suerte en la palma de la mano, como la había tenido en julio de 1854 y la tuvo en febrero de 1873; pero no cerró la mano a tiempo y su futuro, su buena suerte, se fue a paseo.»

Las memorias de Joan Viñas i Sánchez (Sant Andreu de Palomar, 1853-1922), soldado liberal en la tercera guerra carlista, describe así el golpe de Pavía y la primera medida del nuevo gobierno (Finestrelles, 1991):

«Estábamos a primeros del año 1874. La guerra carlista estaba en todo su apogeo, cuando el general Pavía, entonces capitán general de Castilla la Nueva, dio el golpe de estado, penetrando al frente de las fuerzas del ejército en el Palacio de las Cortes y arrojando a los diputados republicanos, que la nación, en uso de su derecho, se había elegido. Con este acto de audacia, la República recibió un golpe mortal, de resultas de lo cual se formó un nuevo gobierno que, aunque se titulaba republicano, estaba todo formado por monárquicos. El primer acto de dicho gobierno, apenas tomó posesión del poder, fue llamar al servicio de las armas al reemplazo del mismo año, decretando que todos los mozos concurrentes al mismo eran soldados exceptuando tan solo a los inútiles y a los que se redimieran pagando la cantidad de 2.500 pesetas.»

Imágenes:
Emilio Castelar siguió la política de su antecesor, reforzando la deriva autoritaria del Gobierno con la consecución de plenos poderes, para hacer frente a la guerra carlista, la guerra de Cuba y el sitio de Cartagena. En el grabado se destaca su discurso de julio de 1873, donde anteponía la patria a la república, la federación y la libertad. Ilustración publicada en La Flaca el 21 de agosto de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Emilio Castelar intenta salvar a una República que hace aguas. Mientras, una multitud de sucesos, representados en la ilustración por las guerras carlistas en Cataluña y Navarra y el cantonalismo en Cartagena, dificultan su mandato. Personajes: 1. El general Juan Contreras. 2. Emilio Castelar, cogiendo de la mano a la República para salvarla. La Flaca, 4 de octubre de 1873. Biblioteca de Cataluña.
El 3 de enero de 1874, el general Manuel Pavía daba un golpe de estado y disolvía las Cortes apenas reinstauradas. Ilustración publicada en La Madeja el 24 de enero de 1873. Biblioteca de Cataluña.

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La Presidencia de Serrano

La presidencia de Francisco Serrano (1874)

El general Francisco Serrano y Domínguez (1810-1885) se convirtió en el nuevo jefe de Estado y de gobierno. España seguía siendo una república, aunque el general Serrano gobernó con plenos poderes de forma dictatorial, sin cortes y con una mayoría de ministros monárquicos, sobre todo del Partido Constitucional, que encabezaba Sagasta. El Partido Republicano Federal, desarbolado, pasó a una situación de semiclandestinidad.

El nuevo Gobierno suprimió la Asamblea constituyente de 1873 y validó la Constitución democrática de 1869. Se reforzó aún más el Estado unitario y centralista y se revirtieron algunas de las reformas sociales republicanas. La Iglesia católica recuperó buena parte de su influencia.

En cuanto a la Diputación de Barcelona, se endureció su carácter conservador y promonárquico. Su gestión era meramente administrativa, sin pretensión política alguna. La corporación obedeció fielmente las instrucciones del gobierno Serrano.
El dirigente monárquico conservador Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) informaba a la exreina Isabel II sobre el gobierno de Serrano. Isabel había abdicado, ya en 1870, en favor de su hijo Alfonso, y Cánovas, que paulatinamente iba ganando influencia y apoyos, impulsaba la restauración de la monarquía borbónica en la persona del futuro Alfonso XII, exiliado en París.

La República autoritaria finalizó el 29 de diciembre de 1874 con el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos Antón (1831-1900), en Sagunto. Alfonso XII fue proclamado monarca el 14 de enero de 1875. Empezó el largo periodo político conocido como Restauración.

Atrás quedaba la corta experiencia frustrada de la Primera República. Una experiencia que la historiografía del siglo XX ha tildado de fracasada, caótica, convulsa, anárquica y utópica. Pero, en realidad, el republicanismo federal tenía un sólido programa democrático y planteó, y en algunos casos logró, reformas tanto sociales como administrativas realmente eficientes, que dejaron huella. Eso sí, su programa socioeconómico era ambiguo, porque dejaba a los estados federados plena soberanía en esta cuestión. La Primera República fue una escuela de ciudadanos responsables, de democracia directa y participación política.
Habría que esperar cincuenta y ocho años para una nueva proclamación republicana, la Segunda República, en el Estado español. Pero esta es otra historia.

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El nuevo gobierno dictatorial de Serrano proclamó la voluntad de convocar a Cortes, que deberían ser las que decidieran la forma de estado, monarquía o república, una vez el orden fuera restablecido. La convocatoria no se produjo.

Su programa de gobierno era marcadamente centralista, a la vez que desmontó algunas de las reformas sociales republicanas: se incrementó la jornada laboral, se restableció el impuesto de consumos y se bajaron los salarios. El día 10 de enero se ilegalizó la AIT. Se incrementó la censura de prensa y se intensificaron las levas forzosas para hacer frente a las guerras carlistas y de Cuba. La Iglesia católica retomó su influencia: se recuperaron bienes eclesiásticos, se reabrieron iglesias y se anularon medidas secularizadoras. España rompió su aislamiento internacional y, a partir de septiembre de 1874, estableció relaciones diplomáticas con varios países de Europa y América del Sur.

Una vez rendida Cartagena (12 de enero), el general Serrano dirigió personalmente la campaña militar contra los carlistas. El 2 de mayo, Serrano liberó Portugalete y levantó el sitio de Bilbao.

La Diputación de Barcelona, convertida en un ente meramente administrativo, obedeció fielmente las instrucciones del gobierno Serrano. La inestabilidad en los cargos provinciales fue frecuente a lo largo de 1874, ya que muchos de los que fueron designados diputados no quisieron desempeñar el cargo por diferentes motivos. En abril de 1874 nombraron presidente de la Diputación a Salvador Maluquer i Aytés (1810-1887), que ya había sido alcalde de Barcelona durante el primer periodo del Sexenio Revolucionario. La burguesía catalana apoyaba a Serrano, con la esperanza de favorecer la industria con medidas proteccionistas y poner término a la pesadilla carlista.

El general Martínez de Campos, el 29 de diciembre de 1874, precipitó el golpe que puso fin a la República autoritaria. Para Cánovas, el principal instigador, aún no era el momento, pero los generales tenían prisa por restaurar la monarquía. Serrano estaba en el frente, en Logroño, luchando contra los carlistas, y de allí se marchó directamente al exilio en París. En Madrid, Sagasta entregó el poder a Cánovas. Alfonso XII desembarcó en Barcelona, donde recibió una cálida acogida, y fue proclamado rey en Madrid el 14 de enero de 1875.

Imágenes:
El nuevo gobierno de Francisco Serrano. Aún llevan el sombrero frigio republicano. Personajes: 1. José Echegaray y Eizaguirre. 2. Práxedes Mateo Sagasta. 3. Juan Bautista Topete. 4. Eugenio García Ruiz. 5. Juan Zavala de la Puente. 6. Víctor Balaguer i Cirera. 7. Francisco Serrano Domínguez. 8. Cristino Martos Balbi. Ilustración publicada en La Madeja el 17 de enero de 1874. Biblioteca de Cataluña.
La República descabeza el árbol del poder absoluto del gobierno de Francisco Serrano. Personaje: 1. Francisco Serrano. Ilustración publicada en La Madeja el 2 de mayo de 1874. Biblioteca de Cataluña.
Antonio Cánovas del Castillo y la reina Isabel exponen al dictador republicano Francisco Serrano la elección de Alfonso de Borbón como nuevo monarca español. Personajes: 1. Francisco Serrano. 2. Antonio Cánovas del Castillo. 3. Alfonso XII. 4. Isabel II. 5. La República. La Madeja, 24 de octubre de 1874. Biblioteca de Cataluña.
El general Arsenio Martínez Campos (a la derecha), artífice de la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII (retrato). Atrás quedaba el Sexenio Revolucionario y se abría un nuevo régimen dinástico. La Madeja, 7 de febrero de 1875. Biblioteca de Cataluña.
El poder serranista persiguió y censuró la libertad de prensa. Ilustración publicada en La Madeja el 12 de diciembre de 1874. Biblioteca de Cataluña.

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La Guerra de Cuba

Cuba, junto con Puerto Rico, era una de las últimas posesiones coloniales españolas, y la más rentable. En Cuba se mantenía vigente la esclavitud, abolida en otras colonias, debido a la presión de la oligarquía colonial, que constituía un lobi muy poderoso.
La guerra de los Diez Años tuvo lugar entre 1868 y 1878. La República heredó de los gobiernos anteriores del Sexenio esta guerra de liberación y civil de Cuba.

La máxima autoridad en la isla del Caribe era el capitán general, designado directamente por el gobierno de turno. El capitán general gobernaba con un poder casi absoluto y, en ocasiones, sin el consentimiento de sus superiores. Era notorio que las autoridades españolas en la isla aprovechaban sus mandatos para enriquecerse.

El nuevo Gobierno republicano no fue capaz de cambiar esta forma de hacer y siguió confiando la gobernación a los militares, que siguieron favoreciendo los intereses de los propietarios y reprimiendo la causa independentista.

El 31 de octubre de 1873, bajo la presidencia de Castelar, se produjo una grave crisis diplomática entre España y EE. UU. por el incidente con el buque estadounidense Virginius, que fue capturado por la embarcación de la armada española Tornado porque transportaba refuerzos y armamento para los rebeldes. El barco capturado fue conducido a Cuba, donde cincuenta y tres de sus tripulantes fueron fusilados sin el consentimiento del Gobierno de Madrid. Esta crisis podría haber generado un conflicto bélico entre la República española y EE. UU., uno de los pocos países que habían reconocido. En esta ocasión, la crisis se resolvió diplomáticamente.

La primera guerra de Cuba ocasionó más de cien mil bajas de soldados españoles, entre fallecidos y heridos, la mayoría por enfermedad. Buena parte de las tropas españolas eran quintos forzosos, dado que no habían podido pagar la cuota que podía redimirlos. Los gobiernos del Sexenio y de la República fracasaron en la abolición de las quintas, una vieja reivindicación democrática, dados los múltiples frentes militares que tuvieron que afrontar, en Cuba y en la Península, contra carlistas y cantonalistas.

La primera guerra de Cuba finalizó con la Paz de Zanjón (Camagüey, Cuba), firmada el 10 de febrero de 1878 entre los insurrectos y el capitán general de Cuba, Arsenio Martínez Campos.

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Desde que los diferentes territorios americanos bajo dominio español se convirtieron en independientes durante el primer tercio del siglo XIX, a España únicamente le quedaban las posesiones coloniales de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las islas Carolinas, las Marianas y algunos enclaves africanos. De todos estos territorios, el más rentable y fructífero desde el punto de vista económico era la isla de Cuba, con grandes explotaciones agrícolas en manos de la oligarquía española, de la que formaban parte bastante catalanes. En Cuba se mantenía vigente la esclavitud, abolida en otras colonias. El comercio de esclavos se había prohibido en 1817, y la esclavitud en la Península, en 1837, pero el lobi negrero e indiano seguía con esta práctica, sobre todo en Cuba. Las clases acomodadas españolas eran contrarias a abolirla, a fin de mantener la productividad de sus plantaciones. Este lobi colonial estaba representado por la Liga Nacional, formada por terratenientes y hombres de negocios conservadores. Uno de sus principales miembros era el mismo general Serrano. Los progresistas y los republicanos eran abolicionistas. Los gobiernos del Sexenio lo intentaron: las Cortes, en 1869, acordaron la abolición de la esclavitud, pero no se aplicó en la práctica. En marzo de 1873, las Cortes la abolieron en Puerto Rico. Castelar intentó reanudar la agenda abolicionista, pero la guerra en Cuba no se lo permitió.

Los soldados enviados a Cuba eran hombres que no habían podido evitar que los quintaran, dado que no disponían del dinero necesario para pagar la cuota que les podía redimir del servicio militar obligatorio. Para muchas familias, enviar un hijo a la guerra suponía un descalabro para la economía familiar. En cambio, las clases acomodadas pagaban y se libraban del servicio militar.

Las quintas generaban una gran oposición popular, y las fuerzas democráticas siempre habían exigido su supresión. Las revueltas contra las quintas fueron continuas, sobre todo por parte de los republicanos y de los obreristas. La alternativa, un ejército de voluntarios que tendiera a la profesionalización, no pudo ser aplicada por los gobiernos del Sexenio y la República debido a la guerra en Cuba y a los levantamientos carlistas y cantonales.

En este contexto, en 1869, la Diputación de Barcelona organizó dos expediciones de voluntarios para ir a luchar a la isla de Cuba. Era un reclutamiento remunerado. De este modo, la Diputación daba una alternativa a la leva forzosa, que despertaba una gran oposición en el país. La iniciativa fue bien acogida, tanto por los propietarios de plantaciones en Cuba como por el pueblo. Cada voluntario, al licenciarse una vez terminada la guerra, tenía la opción de permanecer en la isla e instalarse en ella.

El nuevo Gobierno republicano no designó oficialmente un nuevo capitán general en Cuba, y el cargo lo ejerció provisionalmente el general Francisco de Paula Caballos y Vargas (1814-1883), hasta que fue nombrado el general Cándido Pieltain y Jove-Huergo (1822-1888), que también fue nombrado gobernador civil y general jefe del ejército de la isla. Su etapa se caracterizó por la represión contra los insurgentes independentistas y quienes apoyaban su causa.

El tratado que en 1878, ya en plena Restauración, puso fin a la guerra permitió el indulto de los independentistas, así como el envío de diputados cubanos a las Cortes españolas. El Gobierno se comprometió a abolir la esclavitud y a conceder una cierta autonomía política. La abolición de la esclavitud no fue una realidad hasta 1886. La autonomía de Cuba se estaba discutiendo en las Cortes españolas cuando estalló en 1895 la segunda guerra de Cuba, que culminó con su independencia, con el apoyo de EE.UU., en 1898.

Imágenes:
Los intereses en la isla de Cuba de las élites coloniales repercutieron en la esfera social y política de este territorio español. La Flaca, 25 de septiembre de 1869. Biblioteca de Cataluña.
El asunto del Virginius, el barco con bandera de EE. UU. Capturado por la armada española el 31 de octubre de 1873, tratado en cuatro viñetas. En la viñeta 3 encontramos al embajador estadounidense, Daniel Sickles, con el presidente de la República, Emilio Castelar. En la viñeta 4 aparece Santiago Soler i Pla, ministro de Ultramar. Ilustración publicada en La Madeja el 29 de septiembre de 1873. Biblioteca de Cataluña.
Embarque de los voluntarios catalanes para la guerra de Cuba en el puerto de Barcelona. Muchos perderían la vida en ella. Pintura al óleo de Ramon Padró i Pedret. Museo Marítimo de Barcelona. N.o inv. 6118 (este óleo fue publicado en La Ilustración Española y Americana el 25 de diciembre de 1869).

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El movimiento obrero

El movimiento obrero durante la Primera República

En el último tercio del siglo XIX, Cataluña se convirtió en la fábrica de España. En la capital catalana y sus alrededores se instalaron grandes industrias. Este hecho comportó una ola inmigratoria desde el traspaís y otras regiones de España hacia las zonas industrializadas.
La mayoría de la población catalana era, en las zonas rurales, campesina, y en las zonas industriales, obrera y menestral. Las condiciones laborales eran duras, con jornadas largas y jornales escasos. Se abusaba del trabajo infantil y las mujeres cobraban un sueldo menor que el de los hombres.

Los obreros se organizaron y crearon mutualidades, cooperativas y ateneos populares, para dotarse de herramientas de asistencia social y facilitar el acceso a la cultura general a sus asociados y asociadas. Con estos centros también se incrementaba la conciencia de clase y, por este motivo, las autoridades, sobre todo en periodos de predominio de los conservadores, los controlaban y a veces los clausuraban, como también hacían con sus periódicos.

Finalmente, se crearon, más allá del hecho mutualista y cooperativista, sociedades obreras, con el objetivo de luchar por mejoras laborales. Así, el movimiento obrero fue articulando nuevas organizaciones sindicales, conocidas durante aquellos años como sociedades de resistencia, que en parte se unieron en la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), constituida en 1870.

Inicialmente, en la AIT eran hegemónicos los anarquistas (bakuninistas). Con la llegada de Lafargue a España en diciembre de 1871, se extendió el ala marxista. Pronto se constituyeron dos facciones enfrentadas, los aliancistas o antiautoritarios (bakuninistas) y los autoritarios o marxistas, hasta el punto de que en 1873 coexistían dos direcciones federales, una aliancista en Alcoy y otra marxista en Valencia. Los internacionalistas eran colectivistas y se oponían a la propiedad privada.

Durante el periodo de la Primera República, la conflictividad obrera no mermó, ya que la nueva estructura política, para muchos obreros, continuaba en manos de la burguesía. Sin embargo, al principio, la mayor parte del obrerismo, sobre todo en Cataluña, apoyó el republicanismo federal, que proponía mejoras laborales, como la reducción de la jornada laboral o la supresión del trabajo infantil, pero estas medidas no llegaron a tener éxito.

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Los trabajadores industriales vivían en pequeñas viviendas insalubres, mal ventiladas y mal equipadas, con mobiliario escaso y cocinas rudimentarias. No tenían acceso a la educación y la mayoría eran analfabetos. La alimentación era muy básica: verduras, huevos, leche y, en contadas ocasiones, carne, mientras que la fruta escaseaba. La mortalidad entre la clase trabajadora era muy elevada y la esperanza de vida en 1870 era de treinta años. A todo esto, hay que añadir la epidemia de fiebre amarilla que afectó a Barcelona en 1870, sobre todo las capas sociales bajas. Mientras tanto, las clases acomodadas huían de la ciudad y se instalaban en las afueras, una vez derribadas las murallas. Barcelona se extendía por todo el llano de Barcelona y se anexionaba los pueblos de los alrededores.

Los internacionalistas de la AIT eran colectivistas. Preconizaban la colectivización de la tierra y de las industrias; en esto diferían de los republicanos, que defendían la pequeña propiedad. Había conexiones entre unos y otros; los primeros internacionales provenían de los republicanos, y aunque la AIT defendía el apoliticismo (abstención en las elecciones), bastantes internacionales votaban a los federales.

Los internacionales, durante la República, convocaron huelgas e importantes movilizaciones en la calle, a menudo juntamente con los republicanos federales intransigentes, que pusieron en dificultades a los gobiernos republicanos y fueron reprimidas por el ejército. El episodio más importante fueron los hechos de Alcoy. La llamada revolución del petróleo fue una huelga revolucionaria libertaria convocada por la AIT que tuvo lugar del 8 al 12 de julio de 1873 en Alcoy, una ciudad con una gran cantidad de proletarios debido a su intensa industrialización. Fueron unos disturbios violentos, con patrones y obreros muertos, incluido el alcalde republicano, que fue asesinado. El ejército aplastó la revuelta y detuvo a muchos revolucionarios. Este hecho contribuyó poderosamente a la caída de Pi i Margall como presidente de la República.

Una de las primeras medidas de la dictadura republicana de Serrano fue ilegalizar la AIT, el 10 de enero de 1874.

Imágenes:
Congreso Obrero de Barcelona, convocado entre los días 18 y 25 de junio de 1870. Fue el primer congreso obrero celebrado en Cataluña y en España. Dibujo de Tomàs Padró, publicado en La Ilustración Española y Americana el 13 de julio de 1870. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
El filósofo alemán de origen judío, economista y teórico del socialismo, Karl Marx, fue uno de los impulsores de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Pronto fue conocido en Cataluña. Grabado publicado en La Campana de Gràcia el 26 de noviembre de 1871. Biblioteca de Cataluña.
Ilustración satírica donde se ve a los que hacen huelgas, los obreros, y a los que nunca las hacen, los militares. Publicado en La Campana de Gràcia el 18 de agosto de 1872. Biblioteca de Cataluña.
Recreación del asesinato del alcalde republicano de Alcoy Agustí Albors en el marco de los hechos de Alcoy. En Alcoy hubo una huelga revolucionaria libertaria convocada por la AIT que tuvo lugar del 8 al 12 de julio de 1873, y que obligó a la República a reprimirla mediante el ejército. Pintura de J. Alaminos. Lámina cromolitográfica del Fondo Familia Vinyes-Roig.

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Créditos

Esta exposición ha sido impulsada por el programa de Memoria democrática de la Diputación de Barcelona (Área de Presidencia), con la colaboración del Archivo General de la Diputación de Barcelona y el apoyo del GRENS de la Universidad Pompeu Fabra. 

Textos y comisariado: Josep Pich i Mitjana, Pau Vinyes i Roig, F. Xavier Menéndez i Pablo y Alfonso Bermúdez Mombiela

Diseño y maquetación: la Negreta

Impresión: Arts & Muntatges Signage Team Scp

Asesoramiento lingüístico: Traducciones y Tratamiento de la Documentación, S.L.

Fuentes documentales y procedencia de las imágenes: Archivo General de la Diputación de Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Museo de Historia de Barcelona (MUHBA), Museo Marítimo de Barcelona, Biblioteca Nacional de España, Hemeroteca Municipal de Madrid, Fondo Familia Vinyes-Roig

Itinerancia de la exposición: Tot Història Associació Cultural

Bibliografía:

GABRIEL, P.; MOLAS, I.; RIQUER, B.; JANUÉ, M.; PICH, J. La Diputació revolucionària 1868-1874. Barcelona, Diputació de Barcelona, 2003.

GONZÁLEZ i SUGRAÑES, Miquel. La República en Barcelona. Apuntes para una crónica. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2023. [1.a ed. 1896].

HENNESSY, Charles Alistair Michael. La República Federal en España. Pi i Margall y el movimiento republicano federal, 1868-1874. Madrid, Catarata, 2010. [1.a ed. 1966].

LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria. La revolución de 1868 y la I República. Madrid, Siglo XXI, 1976.

MOISAND, Jeanne. Federación o muerte. Los mundos posibles del Cantón de Cartagena (1873). Madrid, Catarata, 2023.

NIETO, Alejandro. La Primera República Española. La Asamblea Nacional, febrero-mayo 1873. Granada, Editorial Comares, 2021.

PEYROU, Florencia. La Primera República. Auge y destrucción de una experiencia democrática. Madrid, Akal, 2023.

TOLEDANO GONZÁLEZ, Lluís Ferran. La muntanya insurgent. La tercera guerra carlina a Catalunya 1872-1875. Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 2004.

VILCHES, Jorge. La Primera República Española (1873-1874). De la utopía al caos. Barcelona, Espasa, 2023. 

Paneles de la exposición itinerante (PDF en catalán)

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