Establecimiento definitivo de las diputaciones provinciales (1836-1868)
Tras la muerte de Fernando VII en 1833 se aprobó una nueva división territorial de las provincias según el proyecto del secretario de estado del Ministerio de Fomento, Javier de Burgos. El Estatuto Real de 1834 no preveía, sin embargo, la existencia de diputaciones provinciales. A raíz de las revueltas de 1835 se logró el compromiso de nuevas mejoras político-administrativas y la promesa de nuevas diputaciones provinciales. El 12 de enero de 1836 se celebraron elecciones para la nueva Diputación. Aunque no se contaba con un marco constitucional, la Diputación de Barcelona celebró su sesión inaugural el 26 de enero.
En verano de 1836 se produjo el Motín de la Granja de San Ildefonso, un golpe militar que llevó a la regente María Cristina a restaurar la Constitución de 1812. Dentro de este marco constitucional la renovada Diputación de Barcelona realizó la primera sesión el 5 de octubre de 1836, después de la celebración de elecciones a diputados provinciales, que tuvieron lugar un día antes.
Cataluña se encontraba entonces en un complicado contexto político, social y militar marcado por la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Esto explica que las funciones de la Diputación de Barcelona se focalizaran en la obtención de recursos económicos y humanos para hacer frente a la guerra, de la que se encargó la Comisión de Hacienda. Una segunda comisión era la responsable de los ayuntamientos y las quejas, y una tercera de instrucción, beneficencia, agricultura y rectificación de límites y obras.
A lo largo de las décadas que van de 1830 a 1860, las diputaciones se consolidaron como un elemento fundamental de la unidad territorial y administrativa del nuevo estado liberal. Con el paso del tiempo, las diputaciones, que actuaban como instituciones intermedias entre los municipios y el Gobierno central, arrastraron un elevado déficit económico.
Como era común entre las distintas diputaciones provinciales, las competencias de la Diputación de Barcelona se centraron en obras públicas, beneficencia y enseñanza secundaria. La tarea más importante prevista por la Diputación de Barcelona fue la construcción de una extensa red de carreteras y caminos vecinales, que en un principio solo tenía que prever la actuación en la provincia de Barcelona, pero que acabó actuando en todo el territorio catalán. Precisamente por ese motivo se creó la Junta de Carreteras (1848-1874), integrada por las cuatro diputaciones provinciales. Todo ello facilitó la articulación territorial de Cataluña, el acercamiento de las comarcas interiores a la costa y la compatibilidad de esta red con la ferroviaria, a partir de la primera línea de ferrocarril inaugurada en 1848, a pesar de que el despliegue ferroviario acabó siendo fragmentario.