Restauración, irrupción del catalanismo y Mancomunitat de Catalunya (1875-1923)
La Restauración borbónica iniciada en 1875 supuso la recuperación del gobierno de la Diputación de Barcelona por los partidos conservadores. A partir de esa fecha la institución volvió a ejercer funciones más administrativas que políticas, como le era propio. Además, las nuevas leyes provinciales de 1877 y 1882 reforzaron a los gobiernos civiles y, aunque la ley de 1882 daba cierta autonomía financiera a las provincias, también reforzaba su dependencia respecto al poder ejecutivo.
Durante la década de 1880 y 1890, la Diputación de Barcelona fue un reflejo de los intereses de la burguesía catalana. En ese sentido tuvo un papel muy destacado en las campañas proteccionistas que se realizaron en Madrid. Al mismo tiempo, las oligarquías locales y provinciales, en el marco del sistema caciquista de la Restauración borbónica, convirtieron las diputaciones en una plataforma para proyectar su poder político y económico.
A lo largo de la primera década del siglo XX, la Diputación de Barcelona fue un espejo de la progresiva incapacidad de los partidos dinásticos españoles para conectar con la sociedad catalana. La victoria en las elecciones provinciales de marzo de 1907 de Solidaritat Catalana, una coalición de todos los partidos catalanistas, dio un gran vuelco al escenario político catalán. Este triunfo electoral permitió, entre otros eventos, el nombramiento de Enric Prat de la Riba como presidente de la Diputación de Barcelona el 2 de abril de 1907.
El gobierno de la Diputación de Barcelona por parte de la Liga Regionalista, el partido liderado por Prat de la Riba, supuso la oportunidad para emprender un proyecto político a largo plazo que se prolongó entre 1907 y 1923. La voluntad final de este proyecto era conseguir una administración propiamente catalana dentro del régimen del Estado español de la Restauración.
Una primera etapa de este proyecto político se produjo entre los años 1907 y 1914, durante los cuales la Diputación de Barcelona impulsó una tarea fundamental en obras públicas. Esta política se concretó en la construcción de carreteras y la mejora de la red viaria provincial con el llamado Plan de Caminos Vecinales. También se crearon nuevas instituciones de enseñanza técnica y profesional como la Escuela Superior de Agricultura, la Escuela de Funcionarios de la Administración Local, el proyecto de la Universidad Industrial, el Institut d'Estudis Catalans y la Biblioteca de Catalunya. Todo ello se hizo en un marco cultural con un fuerte acento catalanista.
Después de las elecciones provinciales de marzo de 1911, que permitieron a la Liga Regionalista gobernar también la Diputación de Girona, tomó fuerza la idea de mancomunar las cuatro diputaciones catalanas en una sola. El proyecto fue presentado al Gobierno español presidido por José Canalejas, pero distintas vicisitudes políticas, entre ellas el asesinato del propio Canalejas en 1912 y la oposición de los sectores conservadores y centralistas, pospusieron su aprobación. Por último, el 18 de diciembre de 1913, el Gobierno presidido por Eduardo Dato aprobó un real decreto que permitía la mancomunación de las provincias, aunque sólo se acabó constituyendo la catalana. Todo este proceso se completó el 26 de marzo de 1914, con la aprobación de otro decreto que regulaba el estatuto de la Mancomunitat de Catalunya. La unión de provincias representaba sólo una concentración de competencias con fines administrativos, pero en el caso catalán se derivaba un evidente simbolismo político.
La Mancomunitat catalana, constituida oficialmente el 6 de abril de 1914, marcó la segunda etapa del proyecto político liderado por la Liga Regionalista. La Mancomunitat estuvo presidida entre 1914 y 1917 por Enric Prat de la Riba, que siguió también como presidente de la Diputación de Barcelona. Los años de la presidencia de Prat de la Riba, fallecido de forma repentina en agosto de 1917, fueron los del establecimiento de las bases para toda la obra que se realizó durante la presidencia de Josep Puig i Cadafalch entre los años 1917 y 1923.
La labor de la Mancomunitat, que se prolongó hasta 1923, tuvo un amplio y diverso alcance y sus competencias se correspondieron con los servicios de construcción y conservación de carreteras y caminos, ferrocarriles, instituciones asistenciales y enseñanza profesional. Todo ello supuso un paso muy importante en el camino de la modernización económica y social de Cataluña.
La organización político-administrativa de la Mancomunitat se basaba en tres órganos: la presidencia, la asamblea general y el consejo permanente. La asamblea estaba compuesta por todos los diputados de las cuatro provincias y encabezada por el presidente de la Mancomunitat hasta 1919, cuando contó ya con presidente propio. El consejo permanente lo integraban el presidente y ocho consejeros, preferentemente dos por cada provincia y con diferentes tendencias políticas para evitar tanto el centralismo de Barcelona como la hegemonía de la Liga Regionalista. Inicialmente las consejerías fueron ocho: cultura e instrucción, caminos y puentes, obras hidráulicas y ferrocarriles, teléfonos, agricultura y servicios forestales, beneficencia y sanidad, política social y finanzas. Por último, entre las comisiones técnicas auxiliares creadas se encontraban, entre otros, el consejo de pedagogía, la comisión de sanidad, la forestal, la de beneficencia, de educación general, la gestora de ferrocarriles y la gestora de estudios jurídicos y económicos.
En enero de 1919, la Asamblea de la Mancomunitat de Catalunya aprobó el Proyecto de Estatuto de Autonomía, que suponía un paso más en el autogobierno catalán. Francesc Cambó, que había sido ministro del Gobierno español con anterioridad, fue el encargado de defender el Proyecto en las Cortes españolas. Sin embargo, el Estatuto autonómico fue rechazado y el contexto social convulso que vivió Cataluña entre febrero y abril de 1919 hizo que la Liga Regionalista abandonara las aspiraciones autonomistas mantenidas hasta entonces.
La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) frenó la labor de la Mancomunitat, que fue disuelta el 20 de marzo de 1925, a raíz de la publicación del nuevo Estatuto provincial elaborado por el ministro José Calvo Sotelo. Este Estatuto permitía mancomunar los servicios de las diputaciones, pero con fines exclusivamente administrativos. La Diputación de Girona, presionada por el capitán general de Cataluña Emilio Barrera, se posicionó en su contra. De esta forma, la Mancomunitat de Catalunya dejó de funcionar el 1 de julio de 1925 y las cuatro diputaciones catalanas recuperaron sus antiguos servicios.
